#EscracheBotella

En la mañana del 9 de marzo de 2015 se inauguraba en el colegio de ingenieros de Madrid la Semana de Ingeniería de Caminos. Allí estaban algunos representantes de las principales empresas de construcción del país, al igual que numerosas autoridades públicas como por ejemplo Ana Botella, que era una de las encargadas de dar el discurso inaugural. Tras el discurso del responsable de transportes de la Comunidad de Madrid, el jefe de ceremonias dio la palabra a la alcaldesa, que tranquila y solemne subió al estrado para elogiar la gran labor que hacen todas esas empresas para España. Sin embargo la tranquilidad ha sido efímera, pues pocos segundos después de comenzar a hablar los compañeros de Oficina de Vivienda, junto con algunos activistas de la Asamblea de Vivienda de Madrid, desplegamos una pancarta que rezaba “Botella Culpable”, al tiempo que gritábamos: este derribo era ilegal.

Por supuesto, nos referíamos al derribo de Ofelia Nieto 29, que tuvo lugar el viernes 27 de febrero. Entonces, sin previo aviso, una grúa escoltada por un ingente número de policías irrumpió en la casa de la familia Gracia González para derribar lo que durante casi sesenta años había sido su hogar. El derribo fue de dudosa legalidad, y a pesar de los esfuerzos de los activistas por impedirlo, lo cierto es que estas tres familias se quedaron en la calle, viendo como sus recuerdos, su vida, quedaban sepultados bajo los escombros. El motivo del derribo tampoco fue el beneficio público, sino dejar libre un solar en el que presumiblemente el grupo Ortiz levantará un edificio de viviendas para especular con ellas. Por eso, a pesar de los intentos de criminalizar la protesta por parte de algunos medios de comunicación, la solidaridad de las vecinas de Madrid con los Gracia González ha sido incondicional y masiva, como se pudo ver el domingo 1 de marzo en el solar del edificio.

Esta agresión a las vecinas de Ofelia Nieto 29, y por extensión a todos aquellos que luchamos por una vivienda digna, no debe quedar sin respuesta. Los responsables de haber dejado a estas tres familias en la calle no pueden pasearse por nuestros barrios sin ser señalados como culpables. El Estado, en su afán de defender los intereses de las grandes empresas, agrede sistemáticamente a los trabajadores, y esas agresiones no deben quedar impunes, deben ser denunciadas y contestadas. Esto es lo que hemos hecho hoy con Ana Botella, y lo que haremos con otros muchos, porque ni olvidamos, ni perdonamos. OFELIA VIVE, LA LUCHA SIGUE.

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